Publicado por Un nuevo periodo legislativo inició en Perú (2016 – 2021) y el Congreso se encuentra dominado por el partido político Fuerza Popular, quien cuenta con 73 de 130 escaños. La líder de este partido, Keiko Fujimori, perdió la elecciones presidenciales frente a Pedro Pablo Kuczynski, conductor principal de Peruanos Por el Kambio. Este escenario es preocupante en lo que a política criminal se refiere. De un lado, el oficialismo está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como del Ministerio del Interior, piezas fundamentales en la planificación, desarrollo y ejecución de una adecuada política criminal. De otro, tenemos al partido fujimorista con amplia mayoría, capaz de proponer y aprobar leyes y, así, realizar reformas sustanciales en materia penal y procesal. Esta es la madre del cordero. ¿Por qué?
La Sra. Fujimori, a través de un video difundido a través de YouTube y en vísperas del cambio de gobierno comunicó: «Convertiremos propuestas del plan de gobierno en leyes». Días después, presidió la elección de la presidencia de las 13 comisiones que a su partido le fueron asignadas por la Junta de Portavoces del Congreso de la República. En este escenario, se avisora una pugna constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Teniendo en cuenta el historial político de la oposición, de corte populista, veremos propuestas legislativas que responden a casos mediáticos y que buscan satisfacer intereses particulares.
Proyecto de Ley 00054-2016: La creación de la Procuraduría General de la República
El selfie o autoretrato está de moda. Y es que todos quieren «dejar huella» apareciendo en la fotografía. El primer proyecto de ley presentado por el fujimorismo incide en temas de política criminal y sus integrantes no han querido pasar desapercibidos. Pocos proyectos de ley reúnen en la primera página, cual selfie, la firma de los congresistas de manera tan desordernada como el Proyecto de Ley 00054-2016. Fuerza Popular propone la creación de la Procuraduría General de la República.
Parece una broma pero no es así. La propia congresista Yeni Vilcatoma difundió esta imagen a través de su cuenta en Twitter en los siguientes términos: «Ya presentamos el proyecto de ley para la creación de la Procuraduría autónoma e independiente«.
Quienes ansiábamos leer este proyecto de ley, anunciado mucho antes con bombos y platillos por la exprocuradora adjunta y actual congresista Vilcatoma, esperamos un proyecto mejor fundamentado o, por lo menos, sin errores ortográficos o de redacción. Fuimos desilusionados no solo porque, al parecer los congresistas se apuraron en estampar su firma en la primera página sin revisar el contenido ya que aparecen expresiones como «pues puede ser destruido de su cargo«, «despidos sin causa justificada por el gobierno pasado, que revelan de su cargos a procuradores» o citas textuales y referencias vagas que no cuentan con respaldo bibliográfico o académico alguno, sino porque con tal sólo 03 páginas y media proponen una reforma constitucional.
¿Por qué debe existir un Procurador General de la República?, ¿por qué debe ser un órgano constitucionalmente autónomo y no un organismo público descentralizado?, ¿por qué el Procurador General debe tener el mismo rango que el Fiscal de la Nación?, ¿por qué los procuradores deben permanecer 07 años y ser designados por el (actualmente cuestionado) Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Realmente la creación de un armatoste como el propuesto «no irroga gasto alguno al erario nacional» como se sostiene en la sección «Análisis costo beneficio»?, ¿cuál es el tratamiento de esta figura en la experiencia comparada?, ¿cómo vienen operando las procuradurías públicas (no sólo las especializadas en delitos de corrupción de funcionarios) a nivel nacional?, ¿qué problemas logísticos o de recursos humanos viene atravesando la procuraduría?, ¿cuál es su carga procesal a nivel nacional? Estas son tan sólo algunas preguntas que los congresistas no han respondido y cuyo análisis es importante.
No necesitamos más proyectos de ley como el presentado por la Congresista Vilcatoma que se sostiene en falacias ad verecundiam -apelan a la autoridad de una persona como cuando en el proyecto se dice: «el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia advirtió«-, falacias de causa falsa o de generalización apresurada como cuando se sostiene que el despido de la Procuradora Julia Príncipe Trujillo demuestra la politización de dicha autoridad y que, en consecuencia, la institución a la que perteneció debe ser autónoma e independiente.
Esperamos propuestas mucho más serias y menos populistas si lo que se pretende es una reforma constitucional.
Entre Penas y Gracias 